Saber cómo se gasta cada euro público no es una concesión: es un derecho
La transparencia institucional no es una cuestión ideológica ni una moda política.
Es una condición imprescindible de cualquier democracia avanzada.
Los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se gasta cada euro que pagamos en impuestos, quién lo gestiona, con qué criterios y con qué resultados. Sin información accesible y comprensible, no hay control democrático posible.
La transparencia debe aplicarse a todo el dinero público, sin excepciones
La obligación de transparencia no termina en la Administración Pública.
Debe extenderse a toda empresa, fundación, asociación o institución que:
- reciba subvenciones o ayudas públicas,
- contrate con cualquier Administración Pública,
- gestione servicios públicos directa o indirectamente.
El principio es simple y claro:
Quien recibe dinero público debe aceptar transparencia pública.
Sueldos, incentivos y retribuciones: una regla clara
Si el consejo de administración o la alta dirección de una entidad que recibe fondos públicos no quiere que se conozcan:
- salarios,
- bonus,
- incentivos,
- dietas o retribuciones indirectas,
la solución es igualmente clara:
No recibir ni un solo euro de dinero público, ni en contratos ni en subvenciones.
La transparencia no es compatible con la opacidad retributiva cuando hay fondos públicos de por medio.
Conflictos de interés y redes de favoritismo
La corrupción no siempre adopta la forma de un delito penal.
Con mucha frecuencia se manifiesta como redes de favoritismo, amiguismo o clientelismo político.
Por ello, la transparencia debe permitir conocer:
- qué familiares directos,
- amigos,
- socios,
- colegas profesionales,
- o compañeros de partido político
se benefician directa o indirectamente de dinero público.
Grado de parentesco
Proponemos que esta obligación de publicidad alcance, como mínimo, hasta el:
cuarto grado de consanguinidad y afinidad
Transparencia también en el empleo público
Estas exigencias no deben limitarse a los altos cargos.
Deben aplicarse igualmente a:
- funcionarios,
- personal laboral,
- personal eventual,
- directivos públicos,
- y personal contratado por las Administraciones Públicas,
especialmente en lo relativo a:
- procesos de selección,
- retribuciones,
- compatibilidades,
- relaciones familiares o de afinidad relevantes,
- y acceso a puestos financiados con dinero público.
La transparencia protege tanto al ciudadano como al propio empleado público honesto.
Transparencia real, no formal
Publicar miles de documentos en formatos incomprensibles no es transparencia.
La transparencia debe ser:
- accesible,
- reutilizable,
- comprensible,
- verificable,
- y orientada al control ciudadano.
En España existen ejemplos valiosos de cómo la transparencia puede ejercerse desde la sociedad civil con rigor técnico y vocación de servicio público. El trabajo de Jaime Gómez-Obregón demuestra que los datos públicos pueden —y deben— ser realmente públicos, comprensibles y fiscalizables por cualquiera. https://jaime.gomezobregon.com/
Nuestro objetivo
No buscamos señalar personas ni alimentar desconfianza indiscriminada.
Buscamos eliminar los mecanismos que permiten la opacidad, la arbitrariedad y la impunidad.
La corrupción necesita oscuridad.
La democracia necesita luz.
La transparencia institucional no debilita al Estado:
lo fortalece.
En Democracia Real defendemos una regla sencilla
A más dinero público, más transparencia.
A más poder público, más control ciudadano.
Sin excepciones.
Sin privilegios.
Dentro del Estado de Derecho.